La Cámara Nacional en lo Civil debe resolver si habilita el recurso presentado por la IGJ contra el traslado de la sede de la AFA desde Viamonte a Pilar.
La disputa por el cambio de sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría llegar a la Corte Suprema. La Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil debe resolver en los próximos días si concede el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional contra el fallo que avaló la mudanza a Pilar.
La presentación fue realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro de la Nación. El planteo cuestiona que la AFA haya trasladado su sede social desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia un predio de Pilar.
El Gobierno sostiene que el cambio de domicilio tuvo como objetivo evitar los controles societarios de la IGJ. Además, cuestiona que en el lugar indicado como nueva sede no existieran oficinas reales de administración al momento de las inspecciones.
Qué cuestiona el Gobierno sobre la AFA
En un recurso extraordinario de 37 páginas, los representantes del Estado sostuvieron que el fallo de la Cámara genera un precedente que podría debilitar las facultades de fiscalización de organismos nacionales.
La IGJ había detectado, según el planteo oficial, irregularidades en documentación de la AFA. También señaló la falta de información administrativa y financiera en distintos balances.
Algunos de esos balances, según el Gobierno, no habían sido presentados pese a tratarse de documentación de cumplimiento obligatorio.
Por eso, los representantes estatales pidieron la intervención de la Corte Suprema y plantearon cinco agravios de carácter federal.
La respuesta de la AFA
La AFA rechazó los argumentos del Gobierno y sostuvo que el caso no presenta una cuestión federal que permita la intervención extraordinaria de la Corte.
La entidad también afirmó que la Cámara no eliminó las facultades legales de la IGJ. Según su postura, los jueces solamente analizaron si el organismo había ejercido esas atribuciones dentro de los límites establecidos por la ley.
El cambio de sede fue aprobado por unanimidad durante una Asamblea General de la AFA realizada el 17 de octubre de 2024.
Posteriormente, la modificación fue inscripta por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires.
El conflicto por la sede en Pilar
Uno de los principales puntos de discusión es la situación del predio elegido como nueva sede. El Gobierno sostiene que durante las inspecciones no había oficinas reales de administración de la AFA en ese lugar.
La IGJ considera que la falta de una estructura administrativa efectiva cuestiona la validez del traslado y plantea que el cambio de jurisdicción podría haber sido utilizado para evitar controles nacionales.
La AFA, en cambio, sostiene que una vez inscripto el cambio ante la autoridad bonaerense, el control permanente de la entidad pasó a la provincia de Buenos Aires.
La Cámara Nacional en lo Civil ya había considerado que el control sobre la legalidad de la asociación correspondía a la jurisdicción bonaerense.
Ahora deberá determinar si habilita la instancia extraordinaria solicitada por el Estado. Si eso ocurre, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendrá la última palabra sobre el planteo.
Los veedores también forman parte de la disputa
La controversia incluye además una resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores en la AFA durante 180 días.
La Cámara anuló esa medida junto con la Resolución Particular 140/26 de la IGJ.
La AFA anticipó que, si el recurso llega a la Corte, pedirá que se confirme el fallo que dejó sin efecto ambas decisiones.
