César Antonio Girolami recibió tres años de prisión condicional por trata de personas con fines de explotación laboral. La víctima vivió durante una década en condiciones indignas, sin agua potable, electricidad ni sanitarios. Además, deberá pagarle $22 millones como reparación integral.
Un contratista rural de Federal fue condenado por explotar laboralmente durante aproximadamente una década a un trabajador que permanecía en condiciones que la Justicia calificó como “francamente indignas e inhumanas”.
Se trata de César Antonio Girolami, de 60 años, quien reconoció los hechos en el marco de un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de trata de una persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral.
Como parte del acuerdo judicial, además, deberá pagar $22 millones a la víctima en concepto de reparación integral.
Vivía aislado y sin servicios básicos
La víctima es un hombre oriundo de Misiones, actualmente de 45 años, que fue llevado a trabajar en un establecimiento rural del Distrito Banderas, departamento Federal.
Según se acreditó durante la investigación, desde al menos 2011 permaneció alojado en el paraje La Madrugada, a unos 15 kilómetros del casco de la estancia “Las Piedras”, perteneciente a la empresa Doña Inés SA.
El trabajador vivía en una zona inundable, sin agua potable, sanitarios ni electricidad. Su vivienda tenía piso de tierra y estaba construida de manera precaria con silo bolsa sostenido por palos.
La sentencia también estableció que no recibía alimentación suficiente.
Trabajaba talando árboles
La principal tarea del trabajador consistía en talar árboles para fabricar postes destinados a alambrados.
Durante ese período también sufrió la amputación de algunos dedos de una mano.
La investigación determinó que se trataba de un empleo no registrado y con una remuneración insuficiente.
Según testimonios incorporados a la causa, Girolami le pagaba una suma muy baja e incluso le descontaba gastos de nafta y aceite utilizados para la motosierra.
Otros trabajadores del establecimiento señalaron que eran ellos quienes le acercaban agua, comida, ropa y otros elementos básicos debido a las condiciones en las que se encontraba.
La situación fue detectada en 2021
El caso comenzó a ser investigado el 15 de diciembre de 2021, cuando representantes de la Secretaría de Trabajo llegaron hasta el lugar y constataron las condiciones en las que vivía el hombre.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2021, se realizó un allanamiento en el establecimiento con participación de Gendarmería Nacional y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Después de aquella inspección, según testimonios incorporados a la causa, el trabajador fue apartado del establecimiento y quedó fuera de la tranquera.
Tres años de prisión condicional
El juicio abreviado fue formalizado el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay. La sentencia fue rubricada el 1° de octubre por la jueza subrogante Noemí Marta Berros.
El acuerdo estableció que Girolami captó y trasladó a la víctima desde al menos 2011 hacia distintos establecimientos rurales y que la situación de explotación se extendió hasta diciembre de 2021.
La conducta fue encuadrada en el delito de trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.
Por tratarse de su primera condena, recibió el mínimo previsto de tres años de prisión de cumplimiento condicional.
Además, deberá fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
La Justicia destacó la reparación económica
Al homologar el acuerdo, la jueza Berros consideró acreditado un amplio cuadro probatorio integrado por testimonios de trabajadores y los informes elaborados por profesionales del Programa Nacional de Rescate.
La magistrada sostuvo que las condiciones de trabajo no se limitaban a la falta de registración laboral, sino que incluían un contexto de aislamiento, precariedad y falta de servicios básicos.
Además de la condena, Girolami deberá pagar $22 millones a la víctima, en concepto de reparación integral.
La jueza destacó que esta medida incorpora una perspectiva de justicia restaurativa, al contemplar el daño provocado al trabajador durante los años en los que permaneció sometido a explotación laboral.
El titular del establecimiento rural y otro trabajador quedaron fuera de la acusación. Según consta en la causa, la propia víctima manifestó que respondía exclusivamente a las órdenes de Girolami.
Fuente: ElOnce
