Martín Castillo, abogado penalista de reconocidos capos narcos rosarinos, fue detenido en el barrio de Palermo acusado de funcionar como nexo entre sus clientes detenidos y las redes criminales dedicadas al tráfico de cocaína. Castillo aprovechaba la inmunidad relativa que le otorga su condición de abogado para facilitar la comunicación entre presos de alta peligrosidad y sus sicarios y vendedores en la calle.
Entre sus clientes se encuentran figuras como Fran Riquelme y Javier «El Morocho» Mansilla, quienes se encuentran aislados en el Régimen de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estos presos sólo mantienen contacto fluido e irrestricto con sus abogados, mientras que las visitas familiares son muy restringidas y supervisadas. Así, Castillo cumplía un rol clave al permitir que sus clientes transmitieran órdenes a sus subordinados mediante llamadas trianguladas: el preso habla por teléfono con el abogado, que a su vez utiliza otro dispositivo para comunicarse con terceros, ambos teléfonos en modo altavoz.
La Justicia de Rosario venía monitoreando a Castillo, pero aceleró su detención tras interceptar el fin de semana pasado una conversación en la que Mansilla ordenaba colocar una bandera amenazante en Villa Gobernador Gálvez y sugería la posible comisión de un homicidio. Ante la gravedad de estos hechos, las fiscales rosarinas Marina Vigo y Mercedes Banchio solicitaron la captura del abogado. El operativo que culminó con su aprehensión contó con la participación de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe.
Este caso guarda un antecedente directo en septiembre del año pasado, cuando fue detenido Iván Carlos Méndez, un abogado que fungía como “correo” para jefes narco presos. Méndez, con 15 clientes de alto perfil, fue interceptado al salir de una visita pactada con César Morán de la Cruz, alias “El Loco César”, en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. En su domicilio en la villa de Retiro se hallaron un arma ametralladora, municiones y cocaína. La investigación se originó a partir de tareas de inteligencia del SPF, que detectaron la circulación de mensajes mediante esta figura legal.
En enero de 2025, René Ungaro, condenado a 20 años e internado en Marcos Paz, fue sancionado por entregar anotaciones a su madre para sus subordinados, en las que defendía su poder intacto, junto con un número de teléfono vinculado a Méndez. Desde entonces, se empezó a profundizar el seguimiento sobre el abogado, que mantenía contactos regulares con al menos nueve capos reconocidos, incluidos Uriel Luciano Cantero, procesado por tráfico de drogas y violencia armada.
El dictamen fiscal sostiene que, ante las restricciones en sus comunicaciones, los internos recurren a sus abogados para reenviar mensajes a familiares y allegados, eludiendo las normas penitenciarias que limitan esos contactos debido al alto riesgo que implican. Estos intercambios no eran saludos o comunicaciones inocuas, sino órdenes que permitían mantener la operatividad del narcotráfico, con consecuencias directas en actos violentos y tráfico de grandes cargas de cocaína.
