La Policía Federal Argentina llevó adelante una serie de cinco allanamientos simultáneos en la localidad de Sauce, Corrientes. Los operativos incluyeron el edificio municipal y la casa del intendente Carlos Romano, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades y corrupción en el manejo de los fondos públicos.
Los operativos y los lugares allanados
Los procedimientos fueron ejecutados el pasado lunes por personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal, por orden de la Justicia provincial. Durante los despliegues, los efectivos lograron secuestrar documentación oficial, registros contables, soportes digitales y equipos informáticos que ya fueron incorporados al expediente.
Los cinco allanamientos abarcaron:
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La Municipalidad de Sauce.
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El Honorable Concejo Deliberante y distintas sedes municipales.
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La vivienda particular del intendente Carlos Romano.
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La casa del auditor municipal, Pablo Gauna.
El origen de la denuncia
La causa penal se inició tras una denuncia formalizada por la concejal Griselda Zajur, quien acusó la existencia de «anomalías de carácter sistemático» en las facturaciones, las compras a proveedores, los controles internos y la administración general de los recursos del pueblo.
El quiebre definitivo se dio el 30 de noviembre, durante la última sesión ordinaria de 2025 del Concejo Deliberante, cuando Zajur rechazó la aprobación de las ejecuciones presupuestarias de Romano. Pocos días después, el 9 de diciembre, la edil presentó la denuncia ante la Justicia solicitando que se investigue penalmente al intendente y al auditor. Como dato político relevante, cabe destacar que en las elecciones de agosto de 2025, Romano le había ganado la reelección a Zajur por apenas 14 votos.
Antecedentes e investigación en curso
Este no es el primer escándalo que salpica a la administración local. En junio de 2020, la misma concejal ya había denunciado por irregularidades a la entonces intendenta Irma Obregón Torossi, al contador César Darío Lancieri y al propio auditor Gauna (quien repite protagonismo en la causa actual).
Actualmente, la investigación está en manos de la Fiscalía de Investigaciones Concretas, liderada por la Dra. Clara Belén Arrúa, con la intervención del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá. El expediente se encuentra bajo estricto secreto de sumario mientras los peritos analizan los elementos secuestrados, y las autoridades judiciales no descartan dictar nuevas medidas de prueba o imputaciones en el corto plazo.
